La oportunidad de la agenda corta contra la violencia de género

Con asombro recibimos las declaraciones de la subsecretaria de Sernam a Radio Cooperativa, en las que centra la nueva agenda corta en materia de violencia intrafamiliar en la aplicación de una tobillera o brazalete electrónico como medida de prevención. Ciertamente celebramos que el Sernam anuncie la presentación de una agenda que ponga énfasis en la prevención de la violencia; sin embargo, a seis años del establecimiento legal de ésta como un problema de Estado, esperaríamos que el avance de la cartera diera cuenta de la real implementación de una política nacional de violencia de género en contra de las mujeres -que articule la variada oferta pública multisectorial ya existente-, más que el anuncio de nuevas medidas efectistas. Si bien se ha avanzado enormemente en términos de servicios disponibles para las personas que viven violencia desde la publicación de la primera ley en 1994, la política pública a cargo de Sernam no logra concretarse como un continuo que funcione coordinadamente desde los distintos sectores, en pos de la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas. La consideración del brazalete electrónico -que en sí no nos merece cuestión- nos parece desde este punto de vista un anuncio pretencioso, extemporáneo e impracticable en un país que no cuenta con el soporte estructural necesario para su implementación y que primeramente debe profundizar en aspectos preventivos efectivos. Nos referimos, a lo menos, a la generación de instancias estables y periódicas de capacitación en derechos humanos y violencia de género a los/as funcionarios/as estatales; a la inserción de estos módulos en el currículo educacional obligatorio; y a la realización de campañas mediáticas de largo aliento destinadas a crear conciencia sobre la violencia contra la mujer, como manifestación de discriminación. Este grillete, que no es una acción de protección ni menos de prevención -como lo señala la subsecretaria- opera en la sanción de agresores condenados, por lo que requiere de una inversión presupuestaria y de un equipamiento imposible en un país en que cientos de simples medidas cautelares atiborran las oficinas de Carabineros a la espera de ser cumplidas, por falta de dotación de policías para hacerlas efectivas. La prevención de la violencia requiere trabajo sostenido en y desde los sectores involucrados: Justicia, Salud y Educación, y por cierto de la participación activa de Hacienda. Ya que tanto la Ley 19.325 como la 20.006 se han aprobado sin asignación de recursos, esperamos que esta agenda corta se haga cargo del establecimiento del presupuesto estatal suficiente para la puesta en marcha de un plan de prevención que considere acciones sostenidas y coordinadas, así como de la creación del Registro Único ya anunciado por el Presidente Sebastián Piñera durante su campaña. Igualmente, insistimos en que la agenda se haga cargo de acelerar las modificaciones legales pendientes en el Congreso, como aquella que permite al Ministerio Público el conocimiento directo de los actos de violencia, de la creación de fiscalías especializadas en el tema y del establecimiento de defensa jurídica para las víctimas. Nos sorprende la afirmación que hace la subsecretaria respecto de que “las mujeres agredidas agreden también a sus hijos”, por cuanto dicha aseveración no se acompaña de evidencia empírica y, a la vez, las responsabiliza como reproductoras de violencia y no como víctimas de la violencia de género. Esperamos que estas declaraciones no alejen al Servicio Nacional de la Mujer de su misión, que es proteger los derechos de las mujeres, cimentada en el amplio desarrollo del derecho internacional y, dentro de éste, en los mandatos de la Cedaw y de la Convención de Belém do Pará, concretando en la agenda legislativa la indubitada señal de rechazo absoluto a la violencia. Ésta es una violación grave de los derechos humanos de las mujeres que no se puede tolerar ni amparar. (*) Paulina Maturana Vivero, abogada Corporación Humanas