Defensa Pública garantiza abogados gratis para toda la ciudadanía

El jueves fueron detenidas dos funcionarias por intentar cobrar los servicios 5 Junio 2010 | Haga un comentario La institución, a cargo de la abogada Omaira Camacho, tiene presencia en todo el país y desarrolla una experiencia piloto en la cárcel de El Rodeo para agilizar la atención procesal Sin la misma exposición de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública se levanta para decirle a los venezolanos y venezolanas que pueden proveerle de un abogado, en el caso de que no cuenten con fondos para pagar una privado. Al corriente del problema de la falta de identidad, Omaira Camacho, quien todavía no ha cumplido tres meses desde que fue juramentada como Defensora Pública por la Asamblea Nacional, dice que esta dificultad se registra, incluso, a lo interno. “El problema hay que solucionarlo desde adentro, los mismos trabajadores no tienen claro qué es la Defensa Pública”. Otro asunto por resolver es la corrupción. Dos funcionarias adscritas a la Defensoría Pública fueron detenidas la noche del jueves y puestas a las ordenes del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para establecer responsabilidades individuales. Tal como lo declaró Camacho, fueron detenidas luego de que intentaban cobrar una alta suma de dinero para liberar a una persona detenida. El propósito de la Defensoría es dar “asistencia jurídica gratuita a todos, sin importar su condición socioeconómica. Atendemos y llevamos el juicio; esa es una de las diferencias con la Defensoría del Pueblo, institución que no puede atender un juicio”, agregó Camacho, en conversación con el Correo del Orinoco. Por ejemplo, para contribuir a aminorar el retardo procesal de los privados de libertad, la Defensa Pública traslada a sus funcionarios a las prisiones cada vez que los tribunales se constituyen en el recinto, experiencia piloto que se está desarrollando en El Rodeo, bajo las directrices del Tribunal Supremo de Justicia. ATENCIÓN ITINERANTEEn 2008 fue publicada la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, órgano constitucional del sistema de justicia con plena autonomía financiera y administrativa. Hasta entonces, la institución era dirigida por una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Ubicada en el bulevar Panteón, en un edificio de 15 pisos que sólo tiene habilitados siete, la institución también se enfrenta al desconocimiento generalizado de su ubicación física, aunque mucha gente acude en busca de ayuda. Como primer paso para contrarrestar esta percepción interna y externa, Camacho emprendió un plan de charlas en las distintas instituciones “para explicar nuestra visión y hacia dónde vamos”. A principio de la semana próxima iniciará un recorrido por la distintas sedes del país a fin de efectuar una inspección detallada. Camacho se propone que la Defensa Pública esté más al alcance de la población, lo que supondría aumentar su capacidad de atención; esta meta implica un dilema, pues el organismo se encuentra colapsado: apenas cuenta con 910 abogadas y abogados para la atención. Crecer implica profundizar el colapso. Por ello, Camacho dirigió una solicitud de crédito adicional a la Asamblea Nacional para aumentar en 10% su nómina de juristas. Paradójicamente, la institución padece una deformación burocrática: tiene una nómina de 2.000 trabajadores; es decir, más del doble de abogadas y abogados. -¿Hacia dónde va ahora la Defensa Pública? -Hacia una gestión con el mayor acercamiento y profundización de la atención a las comunidades, organizaciones y ciudadanos. Las competencias son prácticamente totales. Está en capacidad de asistir, orientar y tutelar en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, responsabilidad penal del adolescente, penal ordinaria (adultos), agraria, indígena y violencia contra la mujer. Para darle cumplimiento a la Ley de Defensa Pública, Omaira Camacho quiere extender la plantilla de defensores, lo que le permitirá atender casos laborales en lo civil, mercantil y tránsito; contencioso administrativo; ante los órganos y entes administrativos nacionales y estadales; ante los órganos y entes administrativos municipales; también, la atención integral, que consiste en asistir a cooperativas. En su página web, la Defensa Pública anuncia los itinerarios de sus abogadas y abogados en las comunidades, con el fin de hacer posible el acercamiento. En estas jornadas, las personas pueden solicitar, por ejemplo, la redacción y visado de un documento compra-venta. “Estamos haciendo mesas de trabajo, de manera que esa autonomía que estaba en papel se dé en la realidad”, sostiene Camacho, abogada con más de 20 años de experiencia. Para las situaciones penales, la Defensora Pública aclara que la dinámica es activa cuando la persona solicita al tribunal la asignación de un defensor público. “En los tribunales tenemos un listado de defensores. Hay una distribución de casos de acuerdo al área”. Apenas tomó posesión, Omaira Camacho solicitó que las y los coordinadores regionales establecieran el número de causas y de la situación de cada una. El colapso era palpable; de hecho, en muchos casos, las condiciones de funcionamiento son difíciles, pero Camacho quería sustentarlo con un diagnóstico preciso. DE LA MANO DE LA UBV La meta urgente que se han propuesto superar Omaira Camacho y su equipo de trabajo es cambiar la noción de que la Defensa Pública es un organismo técnico. “No queremos verla como aquel funcionario que va en defensa de quien se encuentra en una problemática jurídica, sino que va más allá; va a la contundencia de la revolución social y la eficiencia administrativa y procesal”. “Uno debe facilitar ese papel protagónico del pueblo y educar y formar para que la gente no cometa tantos delitos. Lo que está faltando es una falta de conciencia, por tantos años de exclusión. ¿Quién delinque? Aquel que ha abandonado la escuela y que ha sido abandonado por los padres”. -¿Qué criterios aplican para la selección de defensoras y defensores? -Tiene que ser profesional con cinco años de experiencia. Pero más allá de esa parte técnica, debe haber el componente social, el amor por la gente y la patria; si no lo tienes, es difícil que puedas hacer una buena defensa. -¿Pero cómo determinar que existen esas condiciones en la o el aspirante? -Yo he venido haciendo un trabajo social y gremial y tengo acercamiento con los abogados que hacen trabajo social en las comunidades y en las cárceles. -Una vez que concluya su periodo de siete años, ¿qué aspira dejar? -Las bases suficientemente sólidas para que la Defensa Pública cumpla su rol, que lo que tiene establecido por la ley de 2008. Que el pueblo se involucre con las políticas de la institución; que haya profesionales totalmente formados en la Escuela de la Defensa Pública. En la parte de administración, una visión distinta del manejo de los recursos; que sean manejados para mejorar las estructuras. Dejar unas estructuras físicas en las que pueda darse un servicio humanizado. -¿Este anhelo se va a sustentar en la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela? -Por supuesto. Todos los que se están formando en las aldeas van a tener las puertas abiertas. Los primeros ingresos que debemos dar, debemos hacerlo de ese pool de mujeres y hombres que tienen una visión diferente del Derecho. Los abogados y abogadas entran como analistas I y II, y escalan posiciones hasta ser defensores. Las interesadas, los interesados o recién graduados pueden remitir sus currículos directamente al despacho de la Defensora Pública, o entregarlos en la dirección de recursos humanos de la institución. “Vamos a necesitar muchos cuando pongamos en práctica todas las áreas del Derecho. Hay defensores que han puesto sus cargos a la orden y tenemos que hacer esas sustituciones; lo haremos después de estudiar los currículos que estamos recibiendo”, puntualizó. Las renuncias, cuenta Camacho, se produjeron al ella dar a conocer la nueva visión de la Defensoría Pública. “Parece que esa parte de hacer un trabajo social todos los sábados no les ha gustado”. -Usted significa un tsunami por su vinculación pública y notoria con el proceso de cambios. -Yo vengo a hacer un trabajo unido a las políticas del Gobierno Nacional. Es necesario que todos caminemos en una sola línea, en el Plan Nacional Simón Bolívar. Las políticas públicas del Gobierno también son asumidas por la Defensa Pública de manera engranada. VÍCTIMA DE UN ATENTADO“Desde aquí estoy haciendo un trabajo con la gente. Mi vida la dedicado a trabajar con la gente. Yo le pedía a papá Dios una oportunidad como ésta, porque me permite llegar a ese ejército de venezolanos que no tienen la oportunidad de tener un abogado privado”, asegura Omaira Camacho. “Estoy dada para esto. Si no estás al servicio de la gente, ¿para qué es la vida?”, añade. A los 12 años, al comenzar el primer año de bachillerato, Camacho se alzó como presidenta del centro de estudiantes del liceo López Castro, en su ciudad natal, El Tigrito (Anzoátegui). En esa época, el hoy gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab -de quien es contemporánea- presidía el centro de estudiantes del liceo Briceño Méndez, en El Tigre. En 1993, la hoy Defensora compitió por la Alcaldía de El Tigre con el apoyo de La Causa R. Dice que ganó, pero que fue víctima de la práctica de la Cuarta República “acta mata votos”. Perseguida en esos años, se fue a Caracas a estudiar Derecho en la Universidad Santa María. También fue consultora jurídica de la Universidad de Oriente. Se desempeñó como notaria pública durante cinco años, hasta que pasó a desempeñarse como procuradora del estado Miranda; de allí salió para competir por la Alcaldía de El Hatillo. En los gajes electorales del año 2008, sufrió un atentado cuando se desplazaba en una moto. Una camioneta sin placas la embistió y, si bien presume que la intención fue asesinarla, sólo salió con una pierna lesionada. Aún así, llevó adelante su campaña en una silla de ruedas. En concurso de credenciales efectuado en marzo pasado, al que optaron 24 abogadas y abogados, fue seleccionada por la plenaria de la Asamblea Nacional. “El hecho de tener una discapacidad temporal aumentó mi sensibilidad social con estos compatriotas. Esto me permitió realizar una gran campaña con la Misión José Gregorio Hernández”, confía. “Le doy gracias a Dios por lo que me pasó, porque aumentó mi sensibilidad social”. EN TODO EL TERRITORIOAmazonas Sede del Circuito Judicial Penal, planta baja. Avenida Perimetral, al lado de la CGC. Teléfono: (0248) 521. 48. 43. Puerto Ayacucho. Anzoátegui Palacio de Justicia, planta baja. Avenida 5 de Julio, al lado de la Gobernación, Barcelona. Teléfono: (0281) 270.32.12/ 29.19/ 29.25 Extensión El Tigre Avenida Intercomunal Tigre-Tigrito, detrás de la redoma de Aguanca, vía cementerio. Teléfono: (0283) 808.44.35/44.37 Apure Edificio Dirección Ejecutiva de la Magistratura, piso 4. Paseo Libertador. Teléfono (0247) 341.50.16/ 55.51. San Fernando. Extensión Guasdualito Edificio Nadea, piso 1, oficina 1. Calle Cedeño con carrera Ricaurte. Teléfono: (0278) 332.06.11 Barinas Urbanización Jardines Alto Barinas, avenida Progreso, sede del Circuito Judicial Penal. Teléfono: (0273) 533.10.08 7541.23.67/09.44 Bolívar Palacio de Justicia, piso 1, avenida Germanía con calle Toledo. Teléfono: (0285) 632.40.94 /41.89. Ciudad Bolívar Extensión Puerto Ordaz Palacio de Justicia, piso 1, avenida Guayana con Macagua, sector Alta Vista, frente al Inces. Teléfono: (0286) 961.84.45 Carabobo Palacio de Justicia, planta baja, avenida Aranzazu con calle Silva y Cantaura. Teléfono: (0241) 835.46.55/40-73. Valencia. Extensión Puerto Cabello Sector La Sorpresa, avenida Bartolomé con calle 52, edificio Lexus, piso 1, oficina 102 y 102. Teléfono: (0242) 364.23.42 Cojedes Edificio general Manuel Manrique, piso 2, calle Sucre entre Libertad y Manrique, frente a Gobernación y plaza Bolívar. Teléfono: (0258) 433.13.79. San Carlos Delta Amacuro Edificio del Circuito Judicial Penal, planta baja, avenida Guasina, al lado del gimnasio cubierto de Tucupita. Teléfono: (0287) 721.25.35 Falcón Sede de circuito judicial penal, planta baja, avenida Ramón Antonio Medina con Rafael Gallardo. Teléfono: (0268) 252.48.55. Coro. Extensión Punto Fijo Sede de Circuito Judicial Penal, planta baja. Avenida Tumoruse, entre avenida Táchira y avenida Giraldón, frente al conjunto residencial “Las tres carabelas”. Teléfono (0269) 247.91.92. Extensión Tucacas Carretera nacional Morón-Coro, sector Said 3, centro comercial La Guacara, mezzanina, arriba del restaurante Caquetío. Teléfono: (0256) 812.32.70/ 48.48/19.05 Guárico Vía El Castrero con Universidad. Sede de Circuito Judicial Penal, piso 1. Teléfono: (0246) 432.21.11/4317458. San Juan de Los Morros. Extensión Valle de La Pascua Avenida Rómulo Gallegos con calle Providencia, sede Circuito Judicial Penal, piso 1. Teléfono: (0235) 342.22.67/23.63 Extensión Calabozo Urbanización Cañafístola, avenida 10 con sector 5, Circuito Judicial Penal, planta alta. Teléfono: (0246) 871.45.10 Lara Sede Circuito Judicial Penal, piso 5, oficina 127. Carrera 7 entre calles 24 y 25. Teléfono: (0251) 232.04.46/231.70.63 Extensión Carora Calle Monagas, entre calles Bolívar y Lara, frente al Centro Carora. Teléfono: (0252) 422.09.77/ 421.30.92 Mérida Avenida Las Américas frente al Cicpc, sede del Circuito Judicial Penal, planta baja. Teléfono: (0274) 262.14.23/15.94 Extensión El Vigía Avenida 15 con calle 1, entrada al barrio Bolívar, diagonal a la panadería Aeropuerto. Parte alta del local comercial Pinta Centro. Teléfono: (0275) 881.30.49/19.14 Miranda Edificio Centro Miranda Plaza, piso 2, local 04, calle Carabobo. Teléfono: (0212) 339.00.70/01.78. Los Teques. Extensión Valles del Tuy Centro Comercial Los Ángeles, piso 3, avenida Rivas Plaza. Teléfono (0239) 808.76.63. Ocumare del Tuy. Extensión Guarenas-Guatire Centro Comercial Oasis, nivel 4, avenida Intercomunal Guarenas-Guatire. Teléfono: (0212) 381.04.26/02.92/09.24/10.76. Monagas Edificio Hermanos Calado, piso 2, oficina 4, avenida Orinoco. Teléfono (0291) 642.88.56/ 641.09.95. Maturín. Nueva Esparta Sede de Palacio de Justicia, nivel planta baja, local 28, avenida Constitución. Teléfono (0295) 242.44.34. La Asunción. Sucre Sede del Circuito Judicial Penal. Final avenida Carúpano, entrada urbanización Gran Mariscal Ayacucho, vía El Peñón. Teléfono: (0293) 467.24.10. Cumaná. Extensión Carúpano Sede del Circuito Judicial Penal, al lado del gimnasio Frank López. Teléfono (0294) 511.12.20. Táchira Edificio Nacional, piso 2, oficina 24. Carrera 2 y 3 entre calle 4 y 5. teléfono: (0276) 341.66.83/ 343.64.36. San Cristóbal Extensión San Antonio Avenida 1 de Mayo, entre carreras 10 y 11, edificio Centro Cívico, piso 1, local 1.1. Teléfono (0276) 771.19.22 Trujillo Edificio Palacio de Justicia, torre norte, piso 2, sector San Jacinto, avenida Diego García de Paredes. Teléfono (0272) 236.43.85/64.77 Vargas Edificio Centro Caribe Vargas, piso 3, oficina 3-2, calle Los Baños. Teléfono (0212) 331.14.65/ 30.86. Maiquetía. Yaracuy Circuito Judicial Penal, avenida Intercomunal San Felipe, frente a la estación de servicio El Fuerte. Teléfono (0254) 234.58.13. San Felipe. Zulia Palacio de Justicia, planta baja, avenida 15 con Las Delicias, diagonal al diario Panorama. Teléfono (0261) 725.01.89/02.20/01.17/01.89/ Extensión Santa Bárbara Ubicación: Calle 5 entre 3 y 4 avenidas, edificio 3-14. San Carlos, municipio Colón. Teléfono (0275) 555.49.46/26.04/35.41. Extensión Cabimas Sede del Circuito Judicial Penal, carretera H, a 100 metros de estación de gasolina Texaco. Teléfono (0275) 241.23.22 Extensión San Francisco-Villa de Perijá Calle principal de Villa de Rosario, sector Los Mariachis, al lado del Tribunal 1 de Control. Teléfono (0261) 611.84.09 T/Douglas Bolívar F/ Alberto Corro y Archivo CO