martes, 16 de febrero de 2010
Una apuesta por la igualdad
La nueva ley canaria ’obliga’ a los hombres a corresponsabilizarse de las tareas domésticas
María Fresno
Santa Cruz de Tenerife
El pasado miércoles se aprobó en el Parlamento de Canarias la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, una norma que pretende precisamente eso, instaurar en todos los ámbitos sociales la igualdad "real y efectiva" de género, eliminando las desigualdades "históricas".
Son 74 artículos cuya intención, según la propia exposición de motivos de la Ley, es "homenajear" a todas aquellas mujeres que "olvidándose de ellas" superaron "la sumisión en las que fueron educadas" para luchar por sus derechos.
A partir de ahora, todas las administraciones canarias estarán obligadas a la "protección" y el "impulso" de las mujeres en todos sus ámbitos (empleo, educación, sanidad, nuevas tecnologías...) y "en todas las etapas de su vida". Es decir, estarán obligadas a incluir la "perspectiva de género" en todas sus actuaciones e incorporarán el "procedimiento de evaluación previa del impacto de género" en el desarrollo de sus competencias, "para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
El Gobierno no sólo tendrá que garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en sus órganos, sino que, además, tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos públicos aquellas empresas que acrediten la denominada Marca de Excelencia Canaria de Igualdad o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, dice la Ley, que aquellas empresas que cuenten con una plantilla superior a 50 trabajadores, tendrán que adoptar "medidas de acción positiva" dirigidas a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Para ello, el Gobierno deberá aplicar "incentivos", tanto para las empresas públicas como las privadas para que utilicen medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Servicios
Precisamente, en la conciliación de la vida laboral y familiar (donde la desigualdad se hace más palpable entre hombres y mujeres) es donde más insiste la Ley, que al tiempo prevé la creación de servicios del cuidado de menores en el ámbito laboral o de personas dependientes.
Todo un cúmulo de intenciones que van, desde la obligación por parte de las empresas de respetar la igualdad de trato y de oportunidades, hasta el fomento, por parte de las administraciones públicas, de que "los hombres se corresponsabilicen del trabajo doméstico, tanto si tienen un trabajo remunerado como si no". El sistema que utilizará el Gobierno para comprobar que los hombres también cooperan en las tareas del hogar es toda una incógnita. Lo que sí hará serán trabajos periódicos en el que se estimará el valor económico del trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes. Dice la Ley que "las mujeres y los hombres en Canarias tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención a las personas en situación de dependencia". Para que este punto se cumpla es necesario aplicar medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar.
Así, la Ley prevé infinidad de propuestas entre las que destacan la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos y la creación de infraestructuras y servicios para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades familiares. También las empresas ofrecerán al trabajador la posibilidad de realizar su labor desde casa (teletrabajo) sin necesidad de desplazarse a su puesto de trabajo, siempre que las condiciones lo permitan; además, en las empresas, el Gobierno impulsará medidas que permitan la conciliación y se fomentará la creación de centros infantiles en polígonos industriales y parques tecnológicos que posibiliten esta conciliación.
Derecho a ser madre
Uno de los aspectos más polémicos de esta Ley y que fue el principal motivo de disputa entre los diferentes grupos parlamentarios antes de su aprobación fue el artículo relacionado con el derecho al embarazo y a la maternidad: el famoso artículo 55 (bis). Señala que "las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir información y asesoramiento sobre todas las ayudas y apoyos a los que puede acceder para afrontar cualquier problema derivado del embarazo a fin de poder ejercer su derecho a ser madres [...].
Un polémico punto basado en la libre elección y que el PSOE, a pesar de ser el impulsor de esta Ley, no apoyó, "por la instrumentalización" del mismo y porque opina, según la diputada Eulalia Guerra, que "una mujer para sentirse realizada no tiene porqué ser madre". Además, bajo su punto de vista el Gobierno no puede "plegarse" a los criterios de una asociación como Red Madre, impulsora de esta iniciativa. Por su parte, desde Coalición Canaria (CC) se opina que es "absolutamente imprescindible" que la mujer "conozca todos sus derechos desde el primer momento que se queda embarazada.
Imagen de la mujer
Dejando a un lado la bronca política, lógica por otra parte entre grupos políticos de diferente signo, la Ley también contempla medidas para ’dignificar’ la imagen de la mujer en los medios de comunicación. En este sentido, desde el Gobierno se promoverá la imagen igualitaria y plural de la mujer y no esteriotipada y, al mismo tiempo, se considerará "ílicita" la publicidad que presente a la mujer de forma vejatoria, bien utilizando su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se quiere promocionar". Igualmente, la Ley prevé la creación de varios órganos para velar por el cumplimiento de esta normativa como la Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; las Unidades de Igualdad de Género en todas las consejerías del Gobierno; el Observatorio de la Igualdad de Género, o el Consejo Canario de Igualdad de Género.
Asimismo, se fomentarán medidas para la igualdad en el ámbito de las nuevas tecnologías y en la vivienda, así como en la política. En este punto, la Ley indica que en todos los debates se deberá incluir la cuestión de género. Para garantizar que la igualdad de género es un hecho, el Gobierno evaluará periódicamente, a través de un informe, las actuaciones que se están realizando en todos los ámbitos para el cumplimiento de la igualdad de género en la sociedad.
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